Presentación de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de Burgos
October 18, 2007
23 y 24 de Octubre en el Teatro Principal.

23 y 24 de Octubre en el Teatro Principal.
Comparto esta triste noticia que he leido en rebelion.org.
Existen en el mundo más de 77 millones de niños sin escolarizar y los gobiernos, que tienen lo necesario para solucionarlo o al menos paliarlo, prefieren ignorar el problema. Destinando una mínima parte de su dinero a ayudas consuelan su conciencia mientras aumentan otros gastos y presupuestos como por ejemplo los militares.
Más de 77 millones de niños siguen sin estar escolarizados en todo el mundo
Domingo Soriano
El Mundo
Ni ayudamos lo suficiente, ni ayudamos a quién más lo necesita. Esa es la denuncia que Save the Children nos lanzó ayer a los habitantes de los países más desarrollados. Y es que, según los datos de esta asociación, 77 millones de niños continúan sin escolarizar en el mundo y la mitad de ellos, los más frágiles y con menos oportunidades, viven en los denominados CAF (países afectados por conflictos armados).
Así lo refleja el informe El último de la fila, el último de la clase que la organización presentó ayer en Madrid. Dicho estudio, que se enmarca dentro de su campaña Reescribamos el futuro, expone que con una inversión de sólo 9.000 millones de dólares anuales podrían recibir educación primaria todos los niños del mundo. Y subrayan el sólo porque, aunque pueda parecer una cifra desorbitada, en realidad es inferior a lo que los europeos nos gastamos en helados cada año y supone menos del 1% del gasto militar mundial en 2005.
Pero no es ésta la única reivindicación que hacen estos activistas. Su análisis les lleva a denunciar que, aunque más del 50% de los niños no escolarizados viven en CAF (países con un 13% de la población mundial), sólo el 23% de la ayuda dirigida a educación básica acaba allí, precisamente donde más se necesita. Por eso, desde Save the Children reclaman a los gobiernos que cambien sus prioridades para que pueda alcanzarse el objetivo de la Unesco de que el 50% de las asignaciones se dirija a los CAF.
Porque, además, no es sólo una cuestión de tasas de escolaridad o alfabetización. Las cifras sobre el sufrimiento de los más pequeños impresionan: más de dos millones de niños murieron en la última década como consecuencia de conflictos armados y más de seis millones fueron heridos. Sólo en Irak, la guerra por excelencia para los medios occidentales en la actualidad, la tasa de mortalidad infantil ha aumentado un 150% desde 1990. Y en Sudán del Sur, la zona del globo con peores porcentajes en esta materia, sólo el 20% empieza la escuela y menos de un 2% la acaba.
Todos estos datos se hicieron públicos ayer, coincidiendo con la entrega de sus premios Amigos de los niños 2007. Y precisamente fue una de las premiadas, la mozambiqueña Graça Machel -los otros dos fueron el escritor José Saramago y la actriz Jane Fonda-, quien se mostró más optimista ante el futuro: «Nunca debemos subestimar la capacidad del espíritu humano de reinventar el futuro».
Un porvenir para el que, desde Save the Children, piden a los países occidentales -y España en este campo no es un ejemplo- una mayor implicación. La asociación hizo pública una tabla con los 22 países más desarrollados y le adjudicó a cada uno un porcentaje de esos 9.000 millones de dolares, la cifra mágica que permitiría escolarizar a todos los niños del mundo. En 2005 la ayuda a educación básica de nuestro país fue de 48 millones, únicamente un 16% la cantidad que, según esta ONG, nos correspondería. Aunque podemos consolarnos, hay cinco países que aportan menos, y sólo Holanda y Noruega superan la cifra que les toca.
Machel, actual esposa de Nelson Mandela y premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998, reclamó el derecho de todo niño a la salud, a la familia, a crecer seguro y, sobre todo a la educación. Y es que ésta es, en palabras textuales de su marido, «el arma más potente que puedes utilizar para cambiar el mundo».
Fuente: rebelion.org
El sistema de gestión por particulares es mayoritario, excepto en Cataluña y Extremadura
Los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas en un 73%. Son las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido delitos cumplen medidas de privación de libertad. Hasta 2001, cuando entró en vigor la Ley del Menor, todos los centros eran públicos. La norma permitió a las comunidades que encargaran su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, solución que se ha generalizado. En Andalucía y Madrid, más del 83% de los centros está ya en manos privadas. Numerosos abogados, jueces, asociaciones de menores e instituciones como el Defensor del Pueblo canario critican las carencias de este sistema y defienden que la restricción de la libertad es tarea del Estado.
Los centros en los que los menores de 18 años cumplen las medidas de privación de libertad cuando cometen un hecho delictivo están gestionados por asociaciones privadas en la mayor parte de las comunidades autónomas. En España nunca se ha contemplado privatizar el sistema penitenciario de los adultos. En el caso de los menores, hasta hace seis años, tampoco. Pero en 2000 se aprobó la Ley del Menor, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que se abstuvo, y el Grupo Mixto, que votó en contra. La norma permitió por primera vez que se delegara en asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones privadas la gestión de los centros de reforma.
La nueva ley elevó la edad penal a los 18 años. Cuando se empezó a aplicar, en 2001, todos los menores de edad que estaban en la cárcel pasaron a centros de internamiento. Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de menores, carecían entonces de las infraestructuras para asumir ese volumen de internos. En Madrid, en 2001 sólo había 45 plazas. Por este motivo se empezaron a firmar convenios con asociaciones privadas. El número de internos fluctúa, pero se puede decir que en estos momentos en España está en torno a los 2.750, atendiendo al número de plazas de los 100 centros existentes.
Idea inicial
Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que participó en la elaboración del borrador de la Ley del Menor, explica que la idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. “Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad”, asegura.
Pero así fue. En Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 está en manos de asociaciones. Ese año había tres, públicos, con 45 plazas. Ahora hay 18, con 422 plazas. Todos los nuevos, de gestión privada. En Andalucía, asociaciones y fundaciones llevan el 94% de los reformatorios. Tan sólo los gobiernos de Cataluña, Extremadura y Ceuta se encargan de forma directa de todos sus centros. En Canarias y Baleares la responsable es una fundación pública.
¿Qué tipo de entidades se encargan de los reformatorios? La ley exige que sean asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Y siempre lo son. Pero la gestión también lleva consigo la limpieza, el catering o la seguridad, que tienen que encargarse a alguna empresa. Y cuando la asociación es una fundación de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a compañías de la corporación. Por ejemplo, la fundación Grupo Norte, que gestiona cuatro centros en Madrid, encargaba a Prosintel la vigilancia. Prosintel es una de las empresas de Grupo Norte.
En Madrid, este sistema cambió el pasado enero. La comunidad elige ahora directamente por concurso a las empresas que van a prestar los servicios en todos los reformatorios. Prosintel es ahora una de las encargadas de la seguridad general.
El vocal del CGPJ Félix Pantoja relata que, cuando era Fiscal coordinador de Menores de Madrid, leyó un anuncio en prensa en el que se pedían educadores “para empresa en expansión”. La Fiscalía averiguó que se trataba de una asociación que gestionaba centros de menores. “Es un ejemplo de que esto se ha convertido en un negocio”, señala. La gestión privada de los reformatorios plantea otros problemas, según sus detractores.
El principal es si el Estado puede y debe delegar la privación de un derecho fundamental como la libertad. La abogada de menores Patricia Fernández opina que si se hubieran privatizado las cárceles de adultos se habría generado un debate social que en este caso no se ha producido. “La gente ni siquiera lo sabe”, exclama, y critica los eufemismos que se utilizan al hablar de los menores. “Centros de internamiento, de reforma, centros educativos, son términos creados para definir lo que no son sino cárceles para niños y jóvenes, que deberían tener, cuando menos, las mismas garantías que las de adultos”.
Pantoja considera que “la libertad es un derecho básico y esencial y el internamiento no puede dejarse en manos privadas”. De la misma opinión son el Defensor del Menor de Madrid y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El Defensor del Pueblo, sin embargo, manifiesta que no hay grandes diferencias entre centros públicos y privados y que en ambas categorías los hay que funcionan bien y mal. Tanto la Fundación Ginso, que se encarga de varios centros en Andalucía y Madrid, como la Fundación Diagrama, que lleva 23 centros en toda España, renuncian a entrar en el debate. “Nosotros presentamos un proyecto de reeducación a las comunidades y éstas deciden si les interesa”, explica un portavoz de Diagrama.
Canarias da marcha atrás
Tras la entrada en vigor de la Ley del Menor, los centros de menores canarios pasaron a manos de la ONG Cicerón Siglo XXI. Pero los responsables fueron destituidos en 2004 después de que el fiscal de menores requisara correas de contención psiquiátrica en tres de los reformatorios. En uno de ellos hubo incluso casos de violación. Para paliar la grave situación, la decisión del Gobierno autonómico fue asumir la gestión y quitarla de manos privadas. Ese cometido pasó, en octubre de 2004 a la Fundación Pública Ideo.
El capital social lo aporta el Gobierno canario. Sus responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia y el de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, con responsabilidad en funciones básicas como mantenimiento, horarios, contratación de personal o proyecto educativo.
Durante 2005 y a pesar del cambio en la gestión, el sistema siguió sin funcionar. La situación en los centros, con fugas, motines, incendios, consumo de drogas e incluso muertes, fue calificada como “insostenible”, por el Diputado del Común canario (figura análoga al Defensor del Pueblo). En junio de ese año el gobierno autonómico anunció un plan de choque, que, según afirma, está funcionando. El Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo canario aseguran que todavía queda mucho por mejorar.
Fuente: Con los niños no se juega
El otro día, navegando por internet, di casualmente con la página web del Colegio Trabenco, en Leganés.
Mirando la página me encontré con un proyecto que me pareció interesante. Un proyecto educativo que democratiza la escuela y que no se centra mermente en lo académico.
El colegio nació en 1972 como un medio para solucionar la falta de centros públicos y es en 1984 cuando ya se le da titularidad pública. En la actualidad imparte clase a infantil y primaria.
El colegio se crea con la idea de formar una comunidad donde los protagonistas son todos los miembros del centro y éstos toman una implicación activa. Tiene por tanto unas señas de identidad claras y todos lo sienten como suyo.
Toma como principios la libre expresión y la creatividad, la actitud crítica, la responsabilidad y solidaridad, la diversidad, la investigación y la gestión democrática y participativa. En este último ámbito cabe destacar que cuenta, además de con los órganos oficiales, con una Asamblea General de la que forman parte todos los miembros y se concibe como “máximo órgano decisorio del centro”.
Entre sus objetivos persigue la formación integral del alumnado o el desarrollo prioritario de contenidos sobre valores y actitudes por encima de los meramente académicos. Desarrollar la convivencia y la colaboración o crear una “escuela abierta” son también parte de sus objetivos.
En cuanto a la metodología su profesorado busca que sea práctica, reflexiva, activa, crítica y emancipadora.
Si os interesa el proyecto os animo a visitar su página web y a conocer más de él. www.trabenco.com