A través de la opción Publicar Noticia de nuestra web ha llegado el siguiente comunicado de UGT en relación a los despidos improcedentes que está realizando ASPANIAS y las denuncias que han recibido varias personas por protestar ante estos despidos y por solidarizarse con l@s trabajador@s despid@s.
El coste de la solidaridad en ASPANIAS
En primer lugar y puesto que la palabra que a todos nos va a llegar es ASPANIAS, dejar claro y manifiesto, insistimos dejar claro, desde el principio, el reconocimiento, respeto y admiración hacia todo el colectivo de personas con discapacidad. Compartimos con las asociaciones que les atienden y que les representan el objetivo ambicioso de lograr su plena integración en la sociedad y luchar por el reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho.
También desde aquí nuestra admiración hacia las asociaciones y colectivos que nacieron con ese objetivo tan obligado y solidario. Y por supuesto nuestra admiración hacia los trabajadores que diariamente se afanan en que se hagan realidad esos objetivos. Nos referimos a todos los trabajadores que atienden directa y personalmente con calidez y profesionalidad a las personas con discapacidad.
Dicho esto, pasamos a explicar el motivo de esta rueda de prensa: dar a conocer a la sociedad burgalesa una decisión empresarial que lleva a los tribunales la solidaridad de sindicalistas, amigos y familiares de trabajadores despedidos improcedentemente de una entidad de la discapacidad: ASPANIAS.
El día 7-04-05 los Sr. José María Ibáñez y Lucilo Camarero, gerente y adjunto de gerencia respectivamente de la Asociación ASPANIAS, presentan denuncia por coacciones contra la Secretaria Provincial de Educación Privada de FETE-UGT y 11 personas más de la comunidad autónoma en el juzgado de instrucción. Basan su denuncia en la recepción de mensajes sms en los móviles de trabajo con textos tales como: “Yo también soy Laura”, “Yo también soy Rafa” “Ni un duro más. Mis aportaciones no son para despidos” “Tu gesto es clave. Tercer despido”…
¿Quiénes son Laura y Rafa?
Nos remontamos a julio de 2003. Amparándose en un contrato celebrado en fraude de ley, el gerente de ASPANIAS José María Ibáñez intenta el despido de Rafa L., delegado de personal de UGT (las elecciones se celebraron en el mes de junio de 2003) del Centro de Educativo Concertado Puentesaúco.
Tras dos sentencias favorables y un recurso, el despido del delegado es declarado improcedente, optando éste, dada su condición de delegado de personal, por la reincorporación a su trabajo y a su labor de representante de los trabajadores en el Centro Concertado.
Octubre de 2004. Tras incorporarse de sus vacaciones y sin haber recibido apercibimiento ni notificación por faltas leves ni graves, tras 15 años de trabajo en ASPANIAS, Rafa P., adjunto de producción del Centro Especial de Empleo de ASPANIAS es despedido improcedentemente, sin motivo objetivo, sin causa probada, sin juicio posible: indemnización y a la calle.
Recordamos las dos semanas de movilizaciones de sus compañeros en la rotonda de Villalonquéjar frente al centro de trabajo, las cartas a los medios de comunicación de las personas con discapacidad que pedían su readmisión, las concentraciones frente a la Asamblea de socios de ASPANIAS pidiendo la vuelta a su puesto de trabajo.
En el mes de febrero de 2005 la empresa vuelve a usar el mismo método: el despido improcedente. Esta vez es Laura, una trabajadora que venía desempeñando satisfactoriamente su labor profesional (valoración realizada por el adjunto a la gerencia Lucilo Camarero) durante tres años como personal de apoyo al empleo para personas con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional de Aspanias. Laura es despedida con la disculpa de un “fin de contrato”, contrato que la justicia laboral establece como indefinido, obligando a la empresa a reconocer que el contrato era fraudulento y a pagar la improcedencia del despido.
En esta ocasión nuevamente sus compañeros de trabajo y los trabajadores discapacitados y usuarios del centro de ASPANIAS en Quintanadueñas manifiestan a los gerentes su rechazo a este despido (cartas y recogidas de firmas, notas de prensa a los medios).
Ante estas reiteradas situaciones de impunidad, sindicalistas, amigos, familiares y personas solidarias deciden manifestar a los gerentes José María Ibáñez y Lucilo Camarero, su desacuerdo ante esta política de despidos improcedentes, haciendo uso de la libertad de expresión.
Estos dos gerentes consideran estas muestras solidarias como “una coacción al libre ejercicio de sus cargos y que supone una intimidación […]y que van dirigidas a impedirles tomar decisiones libremente en función de sus cargos”.
Posteriormente, durante las navidades de 2006 (este mismo año), otra trabajadora indefinida, con más de cinco años de antigüedad, y tras su negativa a firmar un nuevo contrato de trabajo fraudulento con el que perdia derechos anteriores, es despedida improcedentemente.
Está claro que estos señores no se han visto coaccionados ni intimidados en el libre ejercicio de sus cargos y han podido tomar decisiones libremente en función de sus cargos, decisiones que nuevamente suponen despedir injustamente a sus trabajadores sin causa ni motivo objetivo.
El despido improcedente, o como eufemísticamente dijo José María Ibáñez el “despido imdemnizado” no tiene reclamación legal posible. No deja de ser un método de guante blanco que se utiliza con absoluta impunidad.
La única opción que nos queda, el deber moral de los sindicatos es manifestar nuestra opinión contraria y nuestra repulsa a este tipo de prácticas. Práctica que deja a los trabajadores indefensos y en la calle, y en algunos casos sin prestigio, porque alegremente, utilizando la sensibilidad mediática de la discapacidad, se pone en duda el buen nombre y buen hacer de esos profesionales sin ningún tipo de prueba.
Está claro que el apoyo y la solidaridad de amigos, familiares, compañeros y sindicalistas es una obligación en este caso.
Hacemos desde aquí una llamada de atención a la opinión pública, a los socios de Aspanias, padres y familiares de las personas con discapacidad (que nos imaginamos que también son trabajadores) y a sus órganos de gobierno para que tomen las riendas de la gestión de sus “empresas sociales” y adquieran un compromiso de responsabilidad social con sus profesionales, abandonen las prácticas del miedo y de la represión hacia los trabajadores.
Nos preguntamos también de dónde salen los recursos económicos que se emplean en el pago de despidos improcedentes (más de 50.000 € en los últimos 3 años), el pago de abogados, juicios… Recursos que no sobran para la correcta atención de las personas con discapacidad intelectual y que no se destinan al pago de salarios más dignos para los profesionales de atención directa. Recordemos que ASPANIAS se financia fundamentalmente a través de las subvenciones y convenios con entidades públicas y privadas y a través de la aportación de socios y ciudadanos solidarios.
También nos preguntamos si la administración de justicia, en este caso el juzgado nº 4 de Burgos, no tendrá entre sus expedientes asuntos de mayor importancia y gravedad que éste que nos atañe.
Los Sr. José María Ibáñez y Lucilo Camarero, que tantas veces reclaman solidaridad con las personas con discapacidad intelectual, deberían entender los gestos solidarios hacia trabajadores despedidos de forma injusta e improcedente.
El sindicato UGT a través de su Federación de Enseñanza sigue apostando por la defensa de los derechos de los trabajadores, sin amilanarnos ante represalias pueriles que toman los directivos de las empresas, que no tienen otro objetivo que intentar acallar las críticas que sus decisiones pueden suscitar.
Burgos, 13 de junio de 2007
Fuente: www.nodo50.org/isi/
Foto de A Vista de cerdo en la marcha de ASPANIAS del domingo 17 de Junio
